Antes de introducirnos en la proposición de un marco de políticas públicas dirigidas a las y los jóvenes que surjan desde el Estado, es preciso despejar ciertas interrogantes previas que emergen a partir de la reflexión de las políticas sociales y a quiénes se dirigen éstas, es decir, como definimos a estas personas con sus particularidades y especificidades y en el tema que nos atañe que concebimos el hecho de ser joven en Chile. Y que desde la visión humanista y cristiana que nos inspira podamos realizar un aporte sustancial a la categorización juvenil, como persona, sujeta de dignidad y derechos.
¿Qué tenemos hasta hoy o mejor dicho que entendemos por joven y juventud? Para ir aclarando conceptos, jóvenes han existido siempre, reduciendo su expresión a una fase de la vida correspondiente a un proceso de transición entre etapas como son la niñez y la adultez; y la idea de juventud está íntimamente ligada a la evolución de la sociedad moderna, una construcción social reciente la cual la misma sociedad ha producido una categoría existencial y vivencial que se arraiga desde mediados del siglo XIX con el auge de la burguesía capitalista, que dado a los logros económicos a temprana edad les permitió a hombres jóvenes independizarse económicamente y de sus familias y así construir referentes sociales. La juventud no se puede reducir a una mera expresión etárea, la juventud no es solo un proceso biológico si no que en ella interactúan procesos psicológicos, sociales y culturales que proporciona identidades que cruzan las condiciones demográficas.
Las y los jóvenes constituyen un sujeto social invisibilizado, estigmatizado y también problematizado por las sociedades contemporáneas, y la chilena no es una excepción. Hemos pasado en visualizar a la juventud desde los 60 y 70 como la generación prototípica y precursora de los cambios sociales, pasando en los 80 por instalar ciertas realidades como jóvenes de sectores populares vinculados a la pobreza y llegando a constituirse hoy en una juventud problema asociándolos a fenómenos delincuenciales y activos consumidores de alcohol y drogas. Es más, nuestros instrumentos de sistema democrático los excluyen, por ejemplo nuestra carta fundamental no hace ninguna mención específica relativa a la juventud, referencia a la edad como requisito para ser ciudadano/a es de 18 años, no son sujetos de derechos porque no son reconocidos como tal en ningún instrumento legal ni desde las políticas públicas. Desde el punto de vista jurídico las personas menores de 18 años son niños o niñas y mayores de 18 años son considerados adultos, siendo invisibilizados la juventud y la vejez.
He aquí nuestro desafío, como humanistas y cristianos tenemos que relevar a la juventud chilena, un cuarto de la población en Chile no puede ser relegada a categorizarse como una etapa de transición, relevo generacional, ni de preparación. Hemos de tener la convicción que la juventud es un espacio de producción y reproducción social que genera sus propios referentes culturales, políticos y sociales; actores estratégicos para el desarrollo sustentable. La juventud no solo puede ser problema, una molestia para esta visión tan adultocentrista arraigado en nuestra cultura, las y los jóvenes son fuente de capital humano y por sobre todo son sujetos de derechos y deben ser un objeto claro y transversal de la política social. Esta visibilización es afín con el reconocimiento ciudadano que las sociedades, democráticas y modernas, deben tener como un desafío permanente.
ORIENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JÓVENES
Si tenemos en cuenta que la política pública es una práctica social que con lleva decisiones orientadas a impulsar cursos de acción que ponen en continua relación al gobierno con la ciudadanía, en este sentido resulta indispensable identificar y conocer específicamente quiénes serán beneficiados/as por éstas. Partiendo del prisma que las y los jóvenes en Chile son reconocidos como una etapa de desarrollo del ciclo vital, de continua formación y con procesos de cambios inherentes al contexto sociocultural, es importante reconocerlos como sujetos de derechos y garantizar a través de la instrumentalización de las políticas públicas un mínimo de derechos que promocionen las posibilidades y perspectivas de libertad y progreso a que legítimamente aspiran.
Un programa de condiciones mínimas de inclusión social juvenil es un intento integral desde la política pública, incorporar criterios que el Estado y sus instituciones deben resguardar en su relación con la población joven, es decir, garantizar un marco de condiciones mínimas en base a una perspectiva de derechos juveniles, propicia el fomento del protagonismo juvenil como actores sociales plenos y prospera el reconocimiento del objeto de las políticas hacia sujetos provistos de los mismos, en tanto son partícipes de una comunidad determinada. Los esfuerzos en la línea de la transferencia del ejercicio de los derechos ciudadanos a las y los jóvenes permitirá no sólo mayores niveles de participación sino también ciudadanos/as decididos/as por la defensa de sus intereses, capacidades, dignidad y satisfacción.
La construcción de una perspectiva de derechos y condiciones mínimas dirigidas a las y los jóvenes permite primero reconocer los tratados internacionales en la materia y por otro lado atender a los dos tipos de necesidades que el Estado debe resolver en la ejecución las políticas sociales. La primera es responder a las necesidades prácticas de los sujetos, que implica una variedad de políticas y programas que atienden a las necesidades coyunturales del público objetivo y desde donde el Estado existe una deficiencia que a través de la implementación de la política pretende resolver, ejemplo: bajo porcentaje de jóvenes que pertenece a la población económicamente activa, 30,6%
[1], disminución en 7.4% el porcentaje de jóvenes que cotiza en el sistema provisional
[2], 12% de mujeres entre 15 a 19 años son madres adolescentes
[3], entre otras problemáticas existentes en la población juvenil. Por tanto los programas tendientes a resolver estos grandes dilemas en base a un marco de derechos son:
DERECHOS
PROGRAMAS
ALGUNOS PROBLEMAS ASOCIADOS
Derechos civiles y políticos
· Situación jurídica y social de las y los jóvenes
· Atender a los estados de exclusión, como: discriminación, tolerancia, entre otros.
· Procurar niveles de seguridad, integración personal, identidad de las y los jóvenes e intimidad de los mismos.
· Condiciones familiares, situaciones que constituyan riesgo social para éstos.
· Garantías para una plena ciudadanía y protagonistas del desarrollo del país.
· Propuestas para regular marco normativo ajustándolo a inclusión plena.
Derechos Económicos, sociales y culturales
· Educación
· Salud
· Empleabilidad y Emprendimiento
· Protección Social
· Expresión Artística y Cultural
· Calidad en la educación, deserción escolar, brecha digital, oportunidades para el acceso a la educación, entre otros.
· Embarazo adolescente, atención en salud especializada, conserjería juvenil, trastornos alimentarios, sexualidad responsable, violencia en el pololeo, consumo de alcohol y drogas, prevención VIH/SIDA, entre otros.
· Desempleo juvenil, jornada parcial para jóvenes, fomento al emprendimiento, fomento a la primera experiencia laboral, colocación laboral, entre otros.
· Mínimos para medios de subsistencia o capacidad para el trabajo.
· Espacios para el desarrollo de habilidades artísticas, acceso a oferta cultural y programas escolares de arraigo cultural, entre otros.
Derechos a la Promoción a la Asociatividad
· Participación y Ciudadanía Juvenil
· Barreras a la organización juvenil.
· Promoción de iniciativas juveniles.
· Promover espacios de participación juvenil.
También las políticas sociales deben responder a las necesidades estratégicas, y en este sentido partimos de la premisa de la existencia de relaciones desiguales en la población, lo que significa analizar los niveles que se buscan intervenir, los diversos mecanismos institucionales y culturales que estructuran las desigualdades entre grupos etáreos. Esto no es más que elaborar una estrategia para el equilibrio de estas desigualdades y favorecer la inclusión social de las y los jóvenes en Chile, requiriendo la voluntad política y técnica en incidir en los diversos mecanismos institucionales, sociales y simbólicos que la están generando. Este enfoque sostiene que centrarse en la o el joven aislado equivale a ignorar el verdadero problema, con esto se instala la perspectiva de juventud, es decir, es mirar más allá de la categoría de Joven y centrarse en las relaciones que a lo largo de la historia se han constituido en torno a la invisibilización y a la vulneración del protagonismo juvenil en nuestra sociedad.
La perspectiva de juventud deber ser una estrategia de transversalización estatal para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las y los jóvenes sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que todas las personas accedan a beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad.
DESAFIOS: UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD O POTENCIARLA?
La definición de una política pública coherente y consistente dirigida especialmente a las y los jóvenes significa consolidar su institucionalidad y mejorarla. La experiencia indica que la calidad de la gestión institucional para la coordinación de esta política es clave para que esta última se despliegue, que no solo compromete a la institución especializada si no a todos los entes gubernamentales.
Hoy tenemos al Instituto Nacional de la Juventud como entidad encargada de contribuir al mejoramiento de los niveles de inclusión social y oportunidades de las y los jóvenes chilenos/as, a través de la generación de conocimiento, diseño y coordinación de políticas públicas y la ejecución de programas específicos
[4]. También es sabido que en sus 16 años de vigencia ha presentado dificultades de funcionamiento administrativo y conjuntamente ha incidido la despreocupación por los asuntos juveniles desde los gobiernos.
Para la puesta en marca de la proposición de la política pública juvenil no es necesario reinventar el INJUV, sino reorientar su acción desde el punto de las inversiones tendiendo a fortalecer el sistema de competencias institucionales y un proyecto integral pertinente al mundo juvenil. Para lo cual se plantea fortalecer las siguientes áreas:
1. Ejecutor de Programas Especifico:
Estudios e investigaciones en materia de juventud
Programas de Derechos civiles y políticos, Derechos Económicos, sociales y culturales y Derechos a la Promoción a la Asociatividad.
Implementación de programas tendientes a resolver desigualdades del mundo juvenil.
Elaboración de metodologías para trabajar con jóvenes
Jóvenes incorporados en procesos de participación ciudadana
Fondo que incentiven proyectos juveniles
2. Recursos Institucionales:
Incremento Presupuestario para la ejecución de programas mínimos.
Incremento Presupuestario de administración institucional.
Aumento de recurso profesional e incentivos para profesionales que se especialicen en la materia.
Distribución presupuestaria equitativa a las regiones según cantidad poblacional y pertinencia territorial.
3. Descentralización: Fortalecer las Direcciones Regionales
Conformación de Áreas de trabajo, en las líneas propuestas, con un mínimo de profesionales.
Equipo administrativo contable.
Administrar recursos correspondientes a la región.
Oficinas Provinciales de Juventud
4. Transferencia Técnica en materia de Juventud:
Asesoramiento permanente a equipos técnicos regionales, provinciales y comunales en planes de juventud, como también a profesionales de servicios públicos.
Cooperación a la implementación de planes locales
Incentivos buenas prácticas juveniles
5. Monitoreo y articulación de las políticas de Juventud desde el Estado:
Equipo que monitoree junto a líderes juveniles los servicios del Estado y como se comportan desde la inversión para jóvenes.
[1] V Encuesta Nacional de Juventud, 2006. Situación Laboral de las y los jóvenes en Chile. INJUV
[2] CASEN 2006. Trabajo e Ingresos
[3] CENSO 2002
[4] Instituto Nacional de la Juventud. Misión Institucional. 1991
